Uno de los objetivos de la política exterior española, compartido por todos los partidos políticos y agentes sociales desde la transición democrática, ha sido la integración europea.
España ingresó como miembro de pleno derecho en las entonces Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 (el tratado de adhesión se firmó el 12 de junio de 1985), y desde entonces ha participado de forma activa en el proceso de contrucción europea junto a los demás países miembros.
Su incorporación coincide con una de las etapas en las que las Comunidades Europeas dan mayor impulso a sus objetivos de avanzar hacia una efectiva integración económica y monetaria. Al mismo tiempo, los doce Estados miembros que entonces formaban parte de las Comunidades, dan los primeros pasos para una mayor cooperación política entre ellos.
Este impulso integrador se puso de manifiesto con la entrada en vigor en 1978 del Acta Única Europea, cuya finalidad es crear un auténtico mercado interior sin fronteras y ampliar las competencias de la Comunidad.
El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, supone, posteriormente, el avance más claro y de mayor transcendencia en el proceso de integración económica y política de Europa. El Tratado consagra la creación, en distintas fases, de la Unión Económica y monetaria, con una moneda y un banco central comunes. Para tal fin, se establecen unos criterios de convergencia económica que deben cumplir los países aspirantes a formar parte de esa Unión.
El Gobierno de España se fija desde entonces como objetivo primordial de su política económica, cumplir dichos requisitos para formar parte del grupo de países que integre, desde el primer momento, la Unión Económica y Monetaria.
Conseguido el marco de estabilidad económica requerida, el 1 de enero de 1999, España adopta la moneda común europea, junto con otros diez Estados miembros de la UE a los que luego se suma Grecia. La entrada en vigor el euro y del Banco Central Europeo marca un hito histórico sin precedentes en el avance hacia una Europa cada vez más unida. La Unión Económica y Monetaria se convierte en una realidad que contribuye decisivamente a hacer más sólidas y competitivas las economías de los países integrados en ella.
El 1 de mayo de 1999 entró en vigor el Tratado de Amsterdam, que supone un nuevo avance en la construcción europea, reforzando las políticas comunitarias marcadas ya en el Tratado de la Unión, en especial mediante el establecimiento de una política de empleo y la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.
El siguiente paso en el proceso de construcción europea se produjo en diciembre de 2000, cuando los jefes de Estado y de Gobierno acordaron el Tratado de Niza, que representa el mayor reto al que ha hecho frente la Unión Europea en los últimos años: la ampliación a los países del centro y del este de Europa, y la adaptación de la Unión, sus instituciones y sus mecanismos de decisión a una Europa ampliada hasta un total de 27 Estados miembros. El Tratado de Niza entró en vigor el 1 de febrero de 2003, y la ampliación se hizo efectiva el 1 de mayo de 2004, con la entrada en vigor de los Tratados de Adhesión de los 10 nuevos Estados miembros.
En estos momentos, y tras el rechazo del Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa, está pendiente de ratificación por algunos Estados miembros y la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. España ya lo ha ratificado.
España es el segundo país de los 27 Estados miembros en extensión geográfica, y ocupa el quinto lugar en número de habitantes. Su posición geográfica en el sudoeste del continente europeo, le hace situarse como país puente con los de la ribera sur del mar Mediterráneo y el norte de África, y por tradición histórica y cultural, con los países iberoamericanos.
En este sentido, las iniciativas de la Unión en las que España ha manifestado un particular protagonismos y ha desplegado una especial actividad son:
Desde su incorporación en 1986, España ha presidido por turno la Unión Europea en tres ocasiones:
España volverá a presidir la Unión Europea durante el primer semestre de 2010, con una serie de prioridades, como la europa social, el impulso de la Estrategia de Lisboa, la energía y el cambio climático o la igualdad entre hombres y mujeres. Además, es probable que coincida con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
España tiene atribuida por los tratados europeos una presencia en las instituciones de la Unión Europea:
Además, un español figura en un cargo comunitario con alta responsabilidad política, Javier Solana Madariaga, que es el Alto Representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Otros cargos también han sido ocupados por españoles, como el Enviado Especial de la Unión Europea en Oriente próximo, que fue ocupado durante 1997 y 2003 por el actual ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Angel Moratinos.